(Con)fusiones

26/6/12. El Comercio. La Comisión de Defensa del Consumidor recientemente aprobó un proyecto de ley que, de ser ratificado por el pleno, obligará a las empresas de cierto tamaño que quieran fusionarse (es decir, juntarse para constituir una empresa aún más grande) a solicitar un permiso a Indecopi antes de llevar a cabo dicha operación.

¿Existe alguna razón para sumar un trámite más a la montaña burocrática que ya enfrentan los empresarios en nuestro país? Los defensores del proyecto alegan que la justificación es el miedo a que surja una nueva empresa enorme y monstruosa que el día de mañana abuse de su poder para cometer acciones ilícitas que le permitan deshacerse de sus competidores. 

No obstante, todo el mundo reconoce (incluyendo a los autores de la propuesta) que no todas las empresas gigantes son malas y que, de hecho, a veces unas pocas grandes sirven mejor a los consumidores que muchas pequeñas. Basta, por ejemplo, haber comprado alguna vez en un supermercado para notar cómo su gran tamaño le permite ofrecer mejores precios, productos y servicio a sus clientes comparado con la bodega de la esquina. Igualmente, cualquier persona que haya prendido una computadora en los últimos 25 años puede dar fe de cómo una empresa gigantesca (e incluso monopólica por largo tiempo) como Microsoft ha sido capaz de satisfacer a millones de personas en todo el mundo siendo una de las compañías más innovadoras del planeta. 

Grande, entonces, no es sinónimo de malo y abusivo. La grandeza, de hecho, suele conseguirse gracias al ingenio, la perseverancia y la innovación. Conscientes de esto, los autores del proyecto proponen que Indecopi, antes de que se produzca la fusión, determine si mediante esta se concebirá a una empresa que use su tamaño para el bien o para el mal. Pero ¿quién puede saber eso? ¿Cómo saber antes que haya nacido si la nueva empresa llegará a ser una que nos facilite la vida a todos o un gigante abusivo que algún día viole la ley? Esa pregunta se puede responder con la misma certeza con la que un médico le puede asegurar a una madre que el hijo que lleva en el vientre no será un delincuente de adulto. 

Los propulsores del proyecto, sin embargo, sostienen que hay otra buena razón para convertirlo en ley: que este tipo de permiso se exige en la mayoría de países del mundo y que el Perú debería convertirse en fiel imitador de la comunidad internacional. Qué curioso. De niño, a uno siempre le repiten que no porque todos los amigos salten del techo uno tiene que saltar también y ahora, de adulto (y con las enormes responsabilidades del Congreso encima), algunos legisladores sugieren el consejo contrario. Y es que basta hacer un poco de memoria para ver adónde puede llevar el complejo de borrego. Entre los 70 y 80, casi todos los países del mundo implementaban políticas económicas que hoy solo adoptaría un país con impulsos suicidas: controles de precios que producen escasez; políticas de sustitución de importaciones que fuerzan al consumidor a pagar precios altos por bienes de baja calidad; y emisión inorgánica que genera inflación. Vaya que nosotros seguimos su ejemplo al pie de la letra, lo que nos permitió llegar a los 90 con el mismo orgullo que llega al mar un lemming más de la manada. 

Pero claro, lo que, paradójicamente, la Comisión de Defensa del Consumidor parece no estar dispuesta a imitar son las protecciones que se le da a los pares del Indecopi en los países más desarrollados para evitar que en las decisiones sobre fusiones intervengan consideraciones políticas y se mantengan absolutamente técnicas. Por ejemplo, que la institución tenga autonomía financiera para que ningún ministro pueda presionarla ajustando su presupuesto. O que el Ejecutivo no tenga absoluta discrecionalidad para remover a sus directores y cambiarlos por otros más permeables a sus intereses.
El proyecto no recoge ninguna de estas protecciones contra el populismo y la corrupción, a pesar de que algunas fueron propuestas por el mismo Indecopi. Y es que, nuevamente como los niños, algunos congresistas copian lo malo y se niegan a aprender del mejor de la clase. 

Este proyecto de ley, nuevamente, demuestra que solo hay un tipo de fusiones que siempre son peligrosas: la de malas ideas en el Congreso.