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Por: Gianfranco Castagnola Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

La diversificación productiva no escapa a las usuales discusiones entre economistas. Lo controvertido no es el concepto, pues nadie sensato puede preferir una economía dependiente de pocas actividades económicas a una diversificada. La discusión reside en el cómo: ¿Qué políticas públicas queremos aplicar y cuál es el rol que el Estado debe cumplir en este proceso? 

Este tema es especialmente sensible en el Perú, pues nuestra historia está plagada de costosos errores en el diseño y aplicación de políticas de desarrollo productivo. Basta recordar el fallido modelo de sustitución de importaciones impulsado por la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado, cuando se intentó industrializar el país a través de subsidios y protecciones que crearon una industria ficticia a costa de la competitividad de nuestra economía y, sobre todo, del bolsillo del consumidor. 

Por ello, cuando a mediados del 2013 el presidente Ollanta Humala y la entonces ministra de la Producción, Gladys Triveño, lanzaron el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, la sensación de ‘déjà vu’ recorrió las mentes de quienes recordamos ese pernicioso experimento. Pocos meses después, Paul Krugman visitó el Perú y nos dejó una reflexión muy pertinente: el nuevo paradigma del desarrollo no consiste en pretender ser un país manufacturero, sino en promover políticas internas para ser competitivos. 

Así también lo entendía el ministro Piero Ghezzi cuando asumió la cartera del Produce y lanzó el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP). Por los antecedentes del plan previo, fue recibido con cierto escepticismo, pues preocupaba que se escogieran sectores “ganadores” desde un escritorio del ministerio y que se implementaran políticas de intervención de mercado, como exoneraciones tributarias, que aumentan artificialmente la rentabilidad de una actividad pero no promueven su productividad. El PNDP, sin embargo, tomó una dirección distinta, con resultados alentadores que merecen ser destacados.

Los “cómo” previstos por el PNDP son varios: mesas ejecutivas sectoriales, centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (Cites) en todo el Perú, incentivos a la innovación y desarrollo de parques industriales. De todas estas líneas de acción, la más interesante y meritoria, tanto por su impacto como por su enfoque metodológico, es la de las mesas ejecutivas. 

Las mesas ejecutivas son espacios donde funcionarios de distintas entidades del Estado y representantes del sector privado se reúnen para identificar y solucionar las dificultades que traban el desarrollo de una actividad productiva con potencial exportador o generador de abundante empleo formal y de calidad. Se busca desmontar la sobrerregulación y reducir o eliminar trámites largos y engorrosos, así como enfrentar problemas como las limitaciones legales al acceso a financiamiento, barreras paraarancelarias impuestas por otros países, necesidades puntuales de infraestructura pública, etc. 

Las mesas ejecutivas instaladas están siendo exitosas. Como la forestal, por ejemplo. A pesar del enorme potencial, el Perú solo exporta US$170 millones en este sector –comparado con US$5.500 millones en Chile–. En los últimos 18 meses esta mesa se reunió más de 70 veces y ha logrado notables avances: se aprobaron reglamentos de la ley que estaban pendientes desde hace cuatro años; el tiempo que toma el proceso de registro de plantaciones en tierras privadas se ha reducido de un año a tres días; el permiso de proceso de extracción en estas tierras, que tomaba ocho meses, ha sido eliminado, etc.

Testimonios de empresarios del sector validan estos logros. Y el interés de importantes grupos forestales extranjeros en invertir en el Perú, también. Por otro lado, la mesa acuícola está trabajando la apertura de los mercados de Brasil y China para el langostino. Y la mesa transversal de logística ha logrado reducir el tiempo de ingreso al puerto del Callao de seis a dos horas.

Las mesas hacen un trabajo de hormiga con gran persistencia. Es una labor silenciosa que no motiva titulares en la prensa, pero que tiene un impacto muy relevante en la actividad productiva. Este tipo de intervención no solo no es contrario a un modelo de economía de mercado, sino que es parte de él. La ‘selección’ de sectores donde se instalan las mesas pierde relevancia, pues el Estado está haciendo su trabajo de limpiar el camino y es el sector privado el que deberá desarrollar la capacidad de ser competitivo. 

Pero hay más por destacar: el funcionamiento de estas mesas supone un gran esfuerzo de coordinación y cooperación al interior del aparato estatal, lo que resulta ejemplar en un Estado disfuncional como el nuestro, en el que una multitud de entidades públicas, que no tienen claridad acerca de sus funciones y objetivos, no suelen conversar entre ellas. Y, finalmente, está contribuyendo a reconstituir la confianza entre el sector público y el privado, tan venida a menos en este gobierno.

Por todo esto, el próximo gobierno haría muy bien en continuar el Plan Nacional de Diversificación Productiva y hasta extender la metodología de trabajo de las mesas a otras áreas del Estado.

Fecha: 27 mayo 2016 | Fuente: El Comercio

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